Nosotros, miembros de comunidades campesinas e indígenas afectadas por la ejecución de proyectos hidroeléctricos, mineros, de turismo residencial y procesamiento de petróleo, junto a organizaciones ecologistas y de derechos humanos, manifestamos nuestra oposición a los mismos por las consecuencias negativas que tienen sobre todas las formas de vida, al limitar principalmente la disponibilidad de agua en la cantidad y calidad suficiente para el consumo humano básico, ya sea por contaminación o privatización del recurso.
Hacemos un llamado a la opinión pública para que se manifieste conscientemente frente a estas iniciativas privadas que lejos de beneficiar o satisfacer necesidades del país, responden a intereses particulares que actúan con el apoyo de malos servidores públicos que sin información suficiente, sin mecanismos adecuados, y con escasa voluntad para evaluar y fiscalizar los impactos totales, sociales y ambientales de todos estos proyectos, disponen y destruyen sin consultar a nadie los recursos naturales que pertenecen a todos los panameños, recurriendo al uso de la violencia administrativa, policial y judicial, irrespetando nuestros derechos humanos.
Entre otras peticiones públicas a ser entregadas a las autoridades, exigimos una moratoria a estos proyectos para que no sigan dañando irreparablemente nuestros recursos, el fin de la violencia gubernamental contra nuestras comunidades, la reparación de los daños donde se hayan ocasionado en nuestra tierra, nuestras viviendas, nuestros cultivos y el pago de las indemnizaciones debidas, así como la revisión de nuestra legislación ambiental en una mesa de debate con igualdad de condiciones para todas las partes, para garantizar la sustentabilidad del desarrollo basado en el conocimiento científico, el respeto a toda la ciudadanía, la consulta directa a las comunidades y su participación fundamental en la toma de decisiones.
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